Deuda del Govern Balear: ¡Cuesta abajo y sin frenos!.

Según los datos hechos públicos por el Banco de España, la deuda de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a finales de Septiembre del pasado año ascendía a la increíble cantidad de 4.024 millones de euros cuando en el año 2006 (es decir, hace cuatro años) la deuda era de 1.635 millones de euros. Es decir, los Sres. del mal llamado “Pacte de Progrés”, nos habían endeudado hasta finales de septiembre con 2.389 millones de euros más de los que debíamos antes de que ellos entrasen a gobernar. Es decir, un aumento de casi el 250%.

A esta deuda tenemos que añadir la deuda de las 170 empresas públicas del Govern Balear (denominadas de muy variadas y diversas maneras: fundaciones, sociedades mercantiles, agencias, institutos, consorcios), que no computan como Administración General y por tanto no están incluidas en los datos anteriores. Pues bien, la deuda de las empresas públicas de Baleares, a finales de septiembre del año pasado, ascendía a la cantidad de 665 millones de euros.

Por tanto, si sumamos ambas deudas (la de las empresas públicas más la de la Administración de la Comunidad Autónoma) resulta que, con fecha de septiembre del pasado año, la deuda de las Islas Baleares ascendía a un total de 4.689 millones de euros.

Pues bien, no contentos con eso, el pasado 21 de Enero el Conseller de Economía, el socialista Carles Manera (en la fotografía que ilustra esta colaboración entrega a Mª Antonia Munar el proyecto de presupuestos de las Baleares para 2010), informaba de la emisión de deuda pública, mediante la emisión de bonos para particulares, por parte del Govern Balear por un importe de 200 millones de euros. El día 25 de Enero anunció que dicha emisión se ampliaba en 100 millones más alcanzando así un total de 300 millones de euros. La emisión de esta deuda pública se efectuará el 14 de febrero y tendrá como fecha de vencimiento el 15 de febrero de 2012, cuando se realizará el pago único de los intereses y de la amortización.

El Govern Balear deberá devolver por tanto, además de los 300 millones de euros, un 7,75% de intereses. Un 4,75% se pagará a aquellas personas que hayan comprado dicha deuda pública y el 3% restante se paga a La Caixa, Sa Nostra, Banca March, Deutsche Bank y Banco de Sabadell, que son las entidades financieras que colocan dicha deuda. A simple vista esta comisión del 3% que se llevarán dichas entidades financieras parece demasiado beneficio para mover dinero ajeno pero en fin, visto lo visto, parece que los sres. del “Pacte de Progrés” no opinan lo mismo.

En resumen, con esta emisión de deuda pública los Sres. del “Pacte de Progrés” añaden algo más de 323 millones de euros a la deuda de 4.689 millones de euros. Y lo peor de todo es que hay que recordar que esta nueva deuda se destinará principalmente para saldar impagos de facturas atrasadas a proveedores, no para nuevas inversiones.

Según recogía la agencia de noticias “Europa Press” del pasado 25 de Enero, al ser preguntado el Sr. Conseller por el cambio de opinión del Ejecutivo balear que, en un principio, rechazó la posibilidad de emular a Cataluña en la emisión de bonos públicos de deuda, este respondió que cuando Cataluña adoptó esa decisión en septiembre u octubre del pasado año, el archipiélago lograba colocar su deuda pública en unas condiciones "muy favorables". Asimismo recordó que en los dos o tres últimos meses, el mercado de crédito convencional se está "cerrando", lo que genera "enormes dificultades para las administraciones públicas" y añadió que "Ante esta situación, hemos repensado este instrumento y ahora que sí que tenemos dificultades severas para colocar en el mercado convencional nuestra deuda pública, hemos decidido explorar la vía de la inversión privada".

Como muy bien ha recordado UPyD mediante una nota de prensa realizada el pasado 23 de Enero aquí el problema es que el Govern de estos sres. del “Pacte de Progrés” no se han apretado el cinturón (al igual que hemos tenido que hacer la inmensa mayoría de los ciudadanos) acometiendo las reformas necesarias para asegurar la sostenibilidad de la autonomía. Reformas tales como el adelgazamiento de la mayoría de empresas públicas o la drástica eliminación de las duplicidades entre administraciones.

Al mismo tiempo, y como también recordaba UPyD, “la emisión de deuda pública para inversores minoristas tendrá además otro efecto indeseado: siendo bonos que por su elevado interés son muy atractivos, estos ahorros –los 300 millones de euros- dejarán de fluir –aunque sea sólo en parte- en forma de créditos a la iniciativa privada, acentuando más si cabe las actuales restricciones crediticias de las entidades financieras, cerrándose así un círculo vicioso que va camino de ahogar la financiación de las empresas”. Es decir, en pocas palabras y hablando en plata, a los sres. del “pacto de progrés” les importa un pepino si ese dinero que ellos van a captar para continuar en su espiral de gasto se lo quitan a la pequeña y mediana empresa que tantas dificultades tienen para acceder a préstamos.

Y lo más curioso es que en el Diario de Mallorca de hoy martes, 1 de Febrero, el Sr. Conseller de Economía, dice textualmente que “Emitir deuda pública nunca es un buen negocio para el que lo hace”. Cabría preguntarse pues que por qué si no es un buen negocio lo hacen. La respuesta es obvia, aunque evidentemente el Sr. Conseller no nos lo dirá: emiten deuda pública porque se encuentran con el agua al cuello, situación que deriva de su nefasta (por no decir inexistente) política económica.

Lo que está sucediendo tiene todos los visos de ser una irresponsable política de tierra quemada para los que vengan después. Ya sólo nos queda por ver la deuda oculta que nos dejarán a imagen y semejanza de lo ocurrido con el también socialista José Montilla en Cataluña.

Nota: Este artículo ha sido publicado en el Nº 1.259 del semanario de Manacor, "7Setmanari" , el 4 de Febrero del 2011.

Otra forma de hacer política es posible

La Sra. Aina Salom, actualmente concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Esporles y esposa del actual Conseller socialista de Economía y Hacienda del Govern Balear, el Sr. Carles Manera, fue Consellera de Salud del Govern Balear durante el primer “Pacte de Progrés” (1999-2003).

Como máxima responsable de la Consellería de Salud, Aina Salom tenía competencias en la concesión de licencias de apertura de farmacias, en materia inspectora y sancionadora y en capacidad normativa sobre la adquisición de medicamentos por parte de las residencias de ancianos.

La Sra. Salom era al mismo tiempo la titular de una farmacia sita en la calle General Riera, 136 de Palma. Dicha farmacia fue el proveedor habitual de la vecina residencia de ancianos, propiedad del Consell de Mallorca, y conocida con el nombre de “Llar de Ancians”. Durante el tiempo que la Sra. Salom fue Consellera de Sanidad la residencia de ancianos pagó 35.000 euros a su farmacia y esta al mismo tiempo facturo 3 millones y medio de euros al Consell Insular de Mallorca.

En Noviembre del 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Baleares dicto una sentencia al respecto según la cual la Sra. Salom no debía haber ocupado el cargo de Consellera de Sanidad ya que el mismo era incompatible con sus intereses económicos particulares. La sentencia además la inhabilitó a ocupar cargos públicos por un año.

Una incompatibilidad que era de lógica y sentido común, fue ignorada por la Sra. Salom y el Sr. Antich (que fue el que la nombro como Consellera). Y por tanto hemos tenido durante 4 años ejerciendo como Consellera de Salud a una Sra. que no podía ejercer como tal. Tiene guasa que luego estos mismos Sres. y sus partidos políticos vayan de paladines en contra de la corrupción. ¿Acaso no es corrupción nombrar a una persona para un cargo para el cual no se es legalmente compatible?.

Pero aquí no acaba todo. Resulta que la Sra. Aina Salom es también propietaria del Hotel Sayonara (cuya fotografía ilustra este artículo). El Ayuntamiento de Palma, cuya alcaldesa es la socialista Aina Calvo, pretendía pagar a la Sra. Aina Salom, también socialista, la cantidad de 1.390.000 euros por la expropiación del Hotel para derribarlo y construir en los terrenos del mismo un aparcamiento en superficie y una zona ajardinada.

El 22 de Febrero, el Pleno del Ayuntamiento de Palma, aprobó una proposición presentada por el PP y aprobado con los votos del PP y de UM, mediante la cual se instaba al equipo de Gobierno a paralizar, por el menor espacio de tiempo posible, la expropiación del Hotel Sayonara, propiedad de Aina Salom (PSIB), para "renegociar y abaratar" su precio, tasado en 1,39 millones de euros, hasta llegar a un importe mucho más económico.

Finalmente, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Palma acordó el pasado 24 de Noviembre el pago de 726. 596 euros, prácticamente la mitad de lo que en un principio estaba dispuesto a pagar el Ayuntamiento de Palma, a la Sra. Aina Salom y un día después, el día 25, se hizo efectivo dicho pago cuando el afectado por la última expropiación del Ayuntamiento de Palma tardó 2 meses en cobrar y los proveedores del Ayuntamiento de Palma tardan un mínimo de 4 meses para poder cobrar su facturas.

¿Qué habría pasado si el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma no se encontrase actualmente en minoría? Parece bastante evidente y obvio que no se habría aprobado la propuesta del PP y todo habría seguido su “cauce normal”. Se habrían pagado 1.390.000 euros en vez de los 726.596 euros que finalmente se han pagado y la Sra. Alcaldesa de Palma se habría quedado tan pancha.

Los políticos defienden determinadas decisiones que toman amparándose en los informes redactados por los funcionarios diciéndonos que ellos como políticos se limitan a tomar decisiones que vienen “avaladas” por los preceptivos informes realizados por los “técnicos”, ya que que son los que están realmente preparados para valorar técnica y legalmente determinadas cuestiones.

Lo sucedido con este caso en concreto es muy alarmante ya que podemos comprobar de primera mano que los “informes técnicos” son excesivamente volubles, cambiantes y modificables ya que no tiene ninguna explicación lógica ni racional que un mismo inmueble pueda estar tasado en unas cantidades de dinero tan diferentes.

También podemos comprobar con este caso como es muy bueno que no haya mayoría en las instituciones ya que la oposición así puede fiscalizar realmente el gobierno. Sería muy bueno, para cambiar la actual percepción negativa que tenemos sobre la política y los políticos, que se cambiase el actual sistema según el cual una vez llevadas a cabo las elecciones se pueden llegar a acuerdos y en base a ellos que el partido más votado no sea el que gobierne.

Debería de gobernar el partido más votado pese a que no tenga mayoría absoluta. Eso le llevaría a tener que alcanzar acuerdos puntuales con la oposición y esto redundaría en una mayor transparencia. Es por eso que UPyD dice que, en caso de obtener representación en las instituciones, se limitará a dar su apoyo para la gestión del día a día de las mismas. O dicho de otra forma, UPyD no firmará un cheque en blanco por 4 años.

Nota: Este artículo ha sido publicado en el Nº 1.251 del semanario de Manacor, "7Setmanari" , el 10 de Diciembre del 2010. Para verlo pulsar aquí

Corrupción Política

El Barómetro de Opinión del C.I.S. (Centro de Investigaciones Sociológicas) correspondiente al mes de junio confirma a la clase política como el tercer problema de los españoles, según un 20,7% de los encuestados, siendo solamente superado por el paro y los problemas económicos (en primer y segundo lugar respectivamente).

El desprestigio de la clase política en general roza cotas no vistas desde el año 1995 ya que por entonces y bajo la presidencia del gobierno del socialista Felipe González, marcada por múltiples escándalos de corrupción (que no detallaré por falta de espacio ante el gran número de los mismos) y por una crispación política generalizada, se llegó al 21,5%. Es evidente pues que algo está fallando, y mucho, en nuestro sistema para que en vez de avanzar retrocedamos.

Hay múltiples motivos por los cuales los ciudadanos tenemos esa percepción negativa de la política. Uno de ellos es el de que, tal y como informaba el Diario de Mallorca en su edición del domingo, 28 de Marzo, aquí, en las Islas Baleares “el ex president del Govern, dos ex presidentes del Parlamento, cinco ex consellers, el presidente del Consell de Ibiza, varios ex consellers del Consell de Mallorca, varios diputados, directores generales, y concejales están acusados de prevaricar, malversar caudales públicos, cobrar sobornos, falsear documentos públicos y otros delitos asociados a prácticas corruptas.” En esta amplia lista hay políticos de diferentes partidos: PP, PSOE, UM y ASI.

Pero no solamente se puede o se debe culpar de corrupción a aquellos políticos que están inmersos en causas judiciales por corrupción sino también a aquellos que siendo conscientes de la misma miran hacia otro lado. Y entre estos últimos encontramos a dirigentes políticos como el actual Presidente del Govern Balear y al mismo tiempo líder del PSOE de las Islas Baleares, el socialista Francisco Antich. A la actual presidenta del Consell Insular de Mallorca y líder del PSOE de Mallorca, la socialista Francina Armengol o a la actual alcaldesa de Palma, la socialista Aina Calvo.

El socialista Antich, exigía públicamente, el 24 de Mayo del 2007 justo antes de las últimas elecciones autonómicas y cuando todavía era candidato del PSOE para la presidencia del Govern Balear (noticia recogida por la agencia de noticias “Europa Press” y que a día de hoy figura todavía en la propia página web del PSOE) que “se “persiga” la supuesta compra de votos por correo por parte de Unión Mallorquina (UM), que dio conocer ayer el diario El Mundo/El Día de Baleares, al considerar que se trata de un delito que “va en contra de lo más puro de la Democracia, los procesos electorales” en los que los ciudadanos eligen a sus gobernantes.”

Pues bien, como muy bien denunciaba el portavoz de UPyD de Baleares, Juan Luis Calbarro, el pasado 22 de Agosto, “Antich, en un ejercicio de la más desvergonzada hipocresía, pactó un gobierno de coalición con UM olvidándose de seguir exigiendo la persecución de la presunta compra de votos. No sólo eso, durante más de dos años mantuvo el Pacto con UM contra viento y marea a pesar de la cascada de nuevos y contundentes indicios de corrupción que afectaban a UM y que se han ido conociendo desde junio de 2007. Todos los ciudadanos de Baleares sabían que UM era un partido dirigido por más que presuntos corruptos. Sólo Antich parecía ignorarlo. Rompió el pacto con UM temporalmente en febrero de 2010 forzado por la acción de los fiscales y jueces en la Operación Voltor y luego lo recompuso, para definitivamente volver a expulsar a UM de su gobierno sólo cuando no tuvo más remedio, es decir, cuando Nadal acusó a Munar y los jueces imputaron a la presidenta del Parlament”.

Lo mismo se podría hacer extensivo tanto para Armengol en el Consell Insular como para Calvo en el Ayuntamiento de Palma, ya que no tuvieron ningún reparo en pactar con UM para gobernar y lo que es peor, han seguido gobernando pese a quedarse en minoría tras “romper” el pacto de gobierno con UM y gracias al cual fueron investidos en su día. Así no es raro si los ciudadanos pensamos que lo único que les interesa de verdad es mantener la “silla” y el “coche oficial”.

Lo más curioso es que mientras el nuevo líder del PP, José Ramón Bauza, ha dicho que no incluirá en las listas de su partido a “imputados” (lo mínimo que se puede esperar de un político que al menos quiera aparentar interés en luchar contra la corrupción política), el líder del PSOE, Francesc Antich, ha dicho que estar “imputado” no es ningún obstáculo para ir en las listas del PSOE.

Es necesario tomar medidas urgentes cuanto antes para tratar de cambiar la percepción de los ciudadanos sobre nuestra clase política y algunas de dichas medidas podrían ser:

Limitar el mandato de los cargos públicos a un máximo de dos legislaturas (8 años) para evitar la “profesionalización” de la política; la obligación de publicar todos los documentos urbanísticos en las páginas web de las instituciones, de forma accesible y manejable por el ciudadano; una Ley Autonómica de Acceso a la Información Pública, de modo que ésta garantice que todo ciudadano, sin necesidad de tener un interés directo en el asunto, pueda acceder a toda la documentación que obre en manos de las administraciones autonómicas y municipales ; eliminar las empresas públicas pues en muchos casos están ligadas a prácticas corruptas tales como colocar a los amigos y ocultar endeudamiento público ; etc.

Nota: Este artículo ha sido publicado en el Nº 1.240 del semanario de Manacor "7Setmanari" el 24 de Septiembre del 2010. Para verlo pulsar aquí