Pont d'es Riuet de Porto Cristo: ¿Crónica de un derribo anunciado? (2ª parte)

Según informaba el diario “Ultima Hora” del pasado 9 de Octubre la demolición del puente costará un total de 878.000 euros. Las obras durarán unos 7 meses y se realizarán en dos fases:

Primeramente se desviarán todos los servicios básicos que ahora pasan por el puente (agua, alcantarillado, telefonía y electricidad). Estos trabajos se alargarán durante tres meses y costarán 252.000 euros.

A continuación se procederá a la demolición de toda la infraestructura empezando por las placas del centro y terminando por la de los lados. Costará 626.261 euros y el plazo de ejecución es de cuatro meses.

A simple vista parece bastante injusto que sea el Ayuntamiento de Manacor la única institución que tenga que hacer frente al coste que supone el derribo del puente ya que el puente se diseñó, se aprobó y se adjudicó en la legislatura 1999-2003 cuando gobernaban en el Ayuntamiento, Consell y Govern, los sres. del llamado “Pacte de Progrès”. Se supone que dichas instituciones analizaron el proyecto y su legalidad antes de consignar partidas económicas para la inversión que se hizo a partes iguales y ahora se supone, que lo más lógico y sensato sería que esas tres instituciones fuesen solidarias y responsables subsidiarios para pagar también a partes iguales lo que cueste la demolición y derribo, pero será el Ayuntamiento de Manacor en solitario el que se verá obligado a correr con todos los gastos.

Tal como se puede comprobar en la foto que ilustra este artículo, el puente esta metido con calzador entre dos edificios, y es normal y lógico que los vecinos protestasen. Es indudable que era necesario algún tipo de actuación para evitar los atascos que se producían, sobre todo en verano, en Porto Cristo, debidos en su mayoría a las dificultades que tenían los autocares que se dirigían a las Cuevas en pasar por el antiguo trazado, pero podían haberse adoptado otro tipo de soluciones como por ejemplo haber hecho el puente más estrecho eliminando a tal efecto las aceras.

Aquí el problema es que, una vez más, somos los ciudadanos los que tenemos que pagar una mala actuación de nuestros políticos (y lo peor de todo es que no es la primera vez que ocurre ya que ya paso con las obras realizadas en la Plaza de las Verduras, ahora pasa con el Puente de Porto Cristo y hace poco hemos conocido otra sentencia judicial que obliga a tirar varias plantas de los aparcamientos del principal).

Si al dinero que ha costado hacer el puente le sumamos el dinero que costará derrumbarlo, el dinero que se ha tenido que pagar a los vecinos de los edificios afectados en indemnizaciones más el dinero que se habrá gastado el Ayuntamiento en pleitos y en contratar a renombrados juristas, como es el caso de la contratación del ex fiscal general del Estado y ex fiscal jefe del Tribunal Constitucional, Juan Cesáreo Ortíz Úrculo, el coste que supone todo este despropósito es excesivamente alto.

Lo más normal y lógico sería pedir responsabilidades tanto a los técnicos como a los políticos que en su día dieron el visto bueno y aprobación del puente y que fuesen ellos, de su propio bolsillo, los que tuviesen que correr con los gastos que ha ocasionado su ineptitud y su incompetencia...pero aquí paz y después gloria, los únicos que tendremos que pagar tanta ineptitud e incompetencia seremos los de siempre, los sufridos ciudadanos.

Y mientras tanto es el alcalde de Manacor, en solitario (ya que hasta sus socios de gobierno, AIPC, lo han dejado en la estacada), el único que se ve obligado a cumplir las sentencias judiciales y además es multado por ello cuando resulta que los sres. que ahora están en la oposición (más los de AIPC) eran los que gobernaban en aquel momento. Y lo más gracioso del caso es que en vez de estar calladitos los hay que, como la portavoz del PSOE, piden responsabilidades políticas al actual alcalde cuando ellos son los únicos responsables políticos, juntamente al resto de partidos políticos que dieron el visto bueno a la construcción de dicho puente.

Bajo mi punto de vista, la única responsabilidad del actual alcalde es que se le hizo creer, por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que los recursos presentados paralizaban la obligación impuesta judicialmente de elaborar el proyecto previo de demolición y que dichos recursos, con casi total seguridad, serían favorables a la no demolición. Todo esto le llevo al convencimiento de que tomar la actitud de esperar al resultado de los recursos era la mejor manera de favorecer los intereses de Manacor, sin sospechar siquiera que se incurría en desobediencia y ello activaba la sanción. Pero en cuanto el Sr. Alcalde ha sido consciente de que se le había asesorado mal y le llegaban las sanciones económicas a título personal, ha sido el primero que ha pisado el acelerador para cumplir las resoluciones judiciales.

Y ahora el problema será saber que pasará al inicio de la próxima temporada turística, que es cuando más tránsito hay en Porto Cristo, ya que todavía no estará acabada la vía de circunvalación y visto lo visto solo un milagro puede evitar la demolición del puente. Pero nos guste o no, una cosa está clara, si cualquier hijo de vecino es el primero que está obligado a acatar las sentencias judiciales las instituciones públicas no pueden ni deben ser menos, es más, deberían ser los primeros en dar ejemplo.

Nota: Este artículo ha sido publicado en el Nº 1.255 del semanario de Manacor, "7Setmanari" , el 7 de Enero del 2011. Para verlo pulsar aquí