Pensiones: ¡ O todos moros o todos cristianos !

La agencia de noticias “Europa Press” se hacía eco el pasado viernes de unas declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en las cuales este insistía en que el Gobierno mantiene su propuesta de que la edad de jubilación legal se amplíe desde los 65 a los 67 años y mantenía la fecha del próximo 28 de Enero como la fecha límite para aprobar la reforma de las pensiones.

La noticia no es nueva ya que de hecho uno de los argumentos que llevaron a los sindicatos a convocar la huelga general del pasado 29 de Septiembre era precisamente el de estar en contra del plan del gobierno socialista de la reforma de las pensiones que alargaría la jubilación a los 67 años y ampliaría el cómputo necesario para poder jubilarse desde los 15 años que son necesarios en la actualidad hasta, como mínimo, 25.

Según el INE (Instituto Nacional de Estadística) España es el país de la UE que más rápidamente envejece ya que pasará en 2050 de los 7’5 millones de jubilados actuales a los 17 millones y harán falta dos trabajadores para pagar la pensión de tres jubilados. Si a eso le añadimos que países de nuestro entorno también están acometiendo reformas en su sistema de jubilación, como Francia, que ha aumentado en 2 años la edad de jubilación al pasar de los 60 a los 62 años, parece pues que existe un “problema real” que obliga a tomar medidas para garantizar el sostenimiento de las pensiones a medio y largo plazo.

Lo que ya no parece de recibo es que mientras se está planteando la reforma de las pensiones para la mayoría de las trabajadores sigan existiendo unos cuantos privilegiados que parecen estar por encima del resto de los trabajadores y estos privilegiados son, ni más ni menos, que nuestros diputados y senadores.

En julio de 2006, el Congreso y el Senado aprobaron un sistema de pensiones para aplicar a los parlamentarios cuando dejan el escaño, que complementa y mejora lo que les corresponde percibir por el régimen común de la Seguridad Social o por clases pasivas. Esa mejora fue acordada con la excusa de equiparar a los parlamentarios españoles a la media de los de otros países de la Unión Europea.

Esa decisión sería necesaria si los diputados y senadores tuvieran los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, para que no se vieran perjudicados por dedicarse a la vida política. Pero, como se les conceden derechos inalcanzables para los demás trabajadores, parece bastante obvio que se les esta otorgando un privilegio.

Rosa Díez, Diputada y Portavoz de UPyD (Unión, Progreso y Democracia), remitió el pasado 30 de Abril una petición a las mesas Conjuntas del Congreso y del Senado solicitando la convocatoria de una reunión urgente para suprimir el sistema de complemento de pensiones que las Cámaras facilitan a los parlamentarios con un mínimo de siete años de mandato con el fin de establecer la igualdad de Diputados y Senadores con el resto de trabajadores españoles en relación a sus prestaciones de seguridad social y desempleo.

Rosa Díez explicaba en su petición que mientras un parlamentario español puede complementar su pensión de jubilación o incapacidad con cargo a las Cortes Generales hasta una cuantía equivalente a la pensión máxima o cercana a ella sólo con haber sido parlamentario durante más de 7 años, un trabajador corriente, sin complementos, necesita 35 años de trabajo y haber cotizado por una base muy alta durante los últimos 15 años de su vida laboral para percibir la pensión máxima de jubilación.

En este sentido, Rosa Díez añadía que un parlamentario español puede jubilarse a partir de los 60 años si reúne los requisitos para la jubilación anticipada y ha cotizado 40 años -con la garantía de cobrar una cuantía equivalente a la pensión máxima, gracias al complemento que le pagan las Cortes-, pero el resto de trabajadores está sometido a reducciones por cada año que adelante la jubilación.

Además, los parlamentarios tienen incluso la posibilidad de pre-jubilarse a los 55 años con derecho a cobrar un 60% de la asignación constitucional y manteniendo el alta en la Seguridad Social hasta la edad de jubilación. De esta forma, un parlamentario que nunca haya cotizado a la Seguridad Social hasta adquirir esa condición a los 44 años, y que la abandonara a los 55 años, podría "pre-jubilarse" con el 60% de la asignación constitucional para terminar disfrutando a los 65 años de la pensión máxima, más la ayuda del complemento, sin haber tenido que volver a trabajar". Sin embargo, "el común de los trabajadores que pierde su empleo a partir de los 52 años sólo tiene derecho a percibir el desempleo para mayores de 52 años si han cotizado, al menos, durante 15 años por una cuantía equivalente al 80% del indicador público de rentas de efectos múltiples (para este año, 532,51 euros), y cotizará por ellos hasta que reúna los requisitos para jubilarse por la base mínima de cotización, no por la máxima".

Este pasado viernes, día 17, el socialista José Bono, Presidente del Congreso de los Diputados, declaraba a la emisora de radio “Punto Radio” que “Si mañana alguien me propone el cambio, yo no me opondría”, en referencia a la reforma del sistema de pensiones de los parlamentarios. Y resulta que hace más de 7 meses que tiene una petición de UPyD en ese sentido, ¿se puede tener más cara?

Nota: Este artículo ha sido publicado en el Nº 1.253 del semanario de Manacor, "7Setmanari" , el 24 de Diciembre del 2010. Para verlo pulsar aquí