Propuestas de UPyD contra la Corrupción

Finalizaba la semana pasada afirmando que, pese a todo lo que comentaba en mi colaboración sobre las últimas informaciones publicada por el diario “El Mundo-El Día de Baleares” en relación a la compra masiva de votos por parte de UM, los ciudadanos no deben de desanimarse.

Desde UPyD pretendemos algo tan sencillo y al mismo tiempo, visto lo visto, tan complicado, como es hacer llegar la “lógica” y el “sentido común” a las instituciones para así de esta manera “regenerar” las mismas o al menos intentarlo. Por tanto, es normal y lógico, que una de nuestra principales banderas sea la de luchar contra la corrupción y así de este modo devolver a los ciudadanos la confianza en la política y en las instituciones.

Gracias a una enmienda de Rosa Díez (Diputada y Portavoz de UPyD) el pasado 26 de Enero se aprobó una reforma de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) según la cual los políticos condenados por delitos contra la administración pública, aunque el fallo no sea firme, no podrán integrarse ya en las listas electorales. Es decir, que no se tiene que esperar a que el político condenado en “primera instancia” agote las vías de recursos que judicialmente son posibles (lo cual hacia que hasta que llegaba la resolución judicial definitiva podía pasar demasiado tiempo) para impedirle figurar en listas electorales.

Unión Progreso y Democracia (UPyD) presenta en su programa electoral para los próximos comicios autonómicos de mayo toda una batería de medidas para minimizar la corrupción. Estas medidas pueden ser agrupadas en tres grandes líneas: mayor transparencia, fortalecer los controles internos y reforzar el papel de lo que antes se denominaban funcionarios de habilitación nacional.

En cuanto a la transparencia, UPyD entiende que el único tope que debe impedir que el ciudadano de a pie pueda acceder a toda la documentación de la Administración Pública es la seguridad y la defensa del Estado, así como la intimidad personal. España es uno de los pocos países de la UE que no garantiza por ley la transparencia y el acceso a la información pública. Hasta que no se apruebe una ley de este tipo (que UPyD va a impulsar desde las instituciones) UPyD presenta en su programa electoral una serie de medidas para que, gracias a las nuevas tecnologías como internet, todos los ciudadanos puedan acceder a cierta información pública que hasta ahora estaba reservada a la clase política. De este modo el ciudadano de a pie podrá conocer y valorar las decisiones de los políticos. Por ello, UPyD propone la creación de cuatro bases de datos (registros) de acceso público donde puedan consultarse:

1º) Todos los puestos de trabajo del personal eventual tanto de las distintas administraciones como de sus empresas públicas respectivas, con la identidad personal de cada puesto de trabajo, su salario, méritos, retribuciones, jornada laboral, etc.;

2º) Todas las subvenciones, directas o por concurso público, concedidas por las administraciones y respectivas empresas públicas, permitiendo la búsqueda tanto por emisores como por perceptores. Dicha base de datos deberá reflejar claramente tanto el fin de la subvención como los mecanismos para comprobar su correcto uso. También se publicarán las subvenciones inferiores a los 3.000 €, excluidas de la publicidad a día de hoy. Este registro ha sido una recomendación reiterada de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares;

3º) Todos los estudios financiados con fondos públicos, encargados a terceros externos a la administración, con los datos del expediente de contratación que no estén sujetos a secreto comercial;

4º) Todos los convenios de las administraciones con empresas privadas;

En cuanto a fortalecer los controles internos y reforzar el papel de lo que antes se denominaban funcionarios de habilitación nacional desde UPyD proponemos 4 bloques de medidas:

1º) UPyD es partidaria de volver a la tradicional figura de la intervención previa (antes de realizar el gasto) y a las “advertencias de ilegalidad” de secretarios e interventores. Si esta fiscalización previa de legalidad es negativa, el expediente relativo el gasto debería quedar paralizado. En vista del grado de corrupción y la magnitud de despilfarro que estamos viviendo en Baleares, UPyD considera primordial reforzar la imparcialidad y la independencia de los interventores, secretarios y tesoreros, potenciando la importancia de sus informes. Sus plazas deberían adjudicarse siempre por concurso de méritos, evitando en lo posible que lo sean por libre designación. UPyD defenderá el desarrollo en los ayuntamientos de las Islas de un régimen estatutario para los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional (secretarios, interventores y tesoreros) similar al de los Interventores de la Administración del Estado, para que puedan controlar con plena autonomía al órgano objeto de control.

2º) El programa electoral de UPyD pretende fortalecer la Inspección de Servicios, destinada a asegurar la eficacia y racionalidad organizativa y el cumplimiento de la normativa administrativa, así como la Intervención, destinada a velar por la eficiencia y legalidad del gasto público.

3º) UPyD sigue firme en su compromiso de modificar la ley 4/2004 de la Sindicatura de Cuentas para reforzar el papel de los síndicos según los siguientes criterios:

a) su función no sólo debe ser consultiva sino que deben tener poder sancionador y capacidad para emprender acciones judiciales si hallan indicios de delito.
b) se les debe dar más independencia en relación a los partidos políticos.
c) los alcaldes deben estar obligados a entregar las cuentas so pena de que puedan ser sancionados con no recibir ayudas de la comunidad autónoma o de los consells insulares.

4º) Finalmente, UPyD cree que deberían sustituirse los cargos de libre designación por funcionarios de carrera siempre que sea posible.

Nota: Este artículo ha sido publicado en el Nº 1.263 del semanario de Manacor, "7Setmanari" , el 4 de Marzo del 2011.