La "Ley Sinde" y la Censura

Se ha atribuido a Internet, a las nuevas tecnologías en general y a las redes sociales en particular (Facebook y Twitter entre otras), las revueltas en el norte de África, que han forzado la salida del poder del presidente tunecino Ben Ali y del egipcio Hosni Mubarak. Pero no son los únicos países ya que en Argelia, Yemen, Marruecos, Jordania e incluso Irán los jóvenes se sirven de las nuevas tecnologías como medios de expresión y de convocatoria, mientras los gobiernos se han apresurado en intentar bloquear internet y los servicios de telefonía móvil.

Y si, Africa nos cae lejos, pero no importa ir tan lejos para comprobar la importancia de Internet. Este pasado domingo TVE retransmitía en directo la gala de los premios “Goya” y todas aquellas personas que siguieron dicho evento únicamente a través de dicha cadena de televisión no pudieron ver como cientos de personas protestaban contra la “Ley Sinde” ante la presencia de la Ministra de Cultura, Ángeles Gonzalez-Sinde al evento, sencilla y llanamente porque TVE censuro dichas protestas suprimiendo directamente dichas imágenes. Sin embargo al mismo tiempo, tanto por Facebook como por Twitter circulaban, casi en tiempo real, los vídeos de dichas protestas. Sin ir más lejos un servidor colgó dichas imágenes en su Facebook y en su Twitter.

Hoy en día no hay medio de comunicación que se precie como tal que no tenga su correspondiente página web o su correspondiente edición digital si nos referimos a los tradicionales “diarios” de papel. Durante la revolución francesa la prensa acuño el apelativo de “cuarto poder” por su influencia en la vida política y social. Parece bastante obvio y evidente que estamos asistiendo al nacimiento del “quinto poder”: Internet.

Los gobiernos son conscientes de ello y es precisamente por eso que tratan de promulgar leyes, como la famosa “Ley Sinde” aquí en España, que con el pretexto de la salvaguardia de los derechos de autor no pretenden sino coartar la libre circulación de información y el libre acceso a la misma por parte de los ciudadanos o cuando menos abrir las vías para que dicho control sea posible y factible en un futuro cercano.

Básicamente lo que se pretende con la “Ley Sinde” es que que un grupo de personas dependientes del Ministerio de Cultura (una comisión cultural o comisión de propiedad intelectual), tengan la potestad de cerrar páginas web que, de acuerdo a su propio criterio, vulneren los derechos de propiedad intelectual y precisamente este es el primer y mayor problema ya que la denuncia y el propio hecho de determinar si hay falta se hace por una vía administrativa (es decir, un organismo del gobierno) y no por la vía judicial (es decir, una decisión hecha en los juzgados, por jueces).

De esta forma se vulnera un derecho y, al mismo tiempo, libertad fundamental en España: la libertad de expresión. No nos da ninguna garantía de “imparcialidad” y “justicia”, sino más bien todo lo contrario, que a un organismo administrativo designado por un Ministerio y formado por personas designadas por políticos, se le otorgue tal poder y tal responsabilidad. La “Ley Sinde” supone darle una bofetada a nuestro actual sistema jurídico ya que la actuación del juez en todo el proceso se limita al derecho de autorizar o no aquello que la comisión determinó previamente. El juez no se ve involucrado ni tiene voz durante el desarrollo del proceso mismo. Por tanto, la ausencia judicial en el proceso no garantiza que las decisiones de la comisión sean justas sino más bien al contrario.

Por otra parte no debemos de olvidar que en diciembre se hizo público, por medio de las filtraciones de Wikileaks, que la “Ley Sinde” se gestó y redactó a partir de fuertes presiones de lobbys estadounidenses representantes de las industrias audiovisuales (es decir, los estudios y las discográficas). Por tanto parece bastante obvio que se esta defendiendo los intereses de unos pocos frente a los intereses generales de la mayoría de los ciudadanos españoles.

La “Ley Sinde” también adolece de falta de claridad con respecto a sus límites ya que tampoco esta claro qué se penalizará y qué no. Y no solo eso ya que lo que aún es peor es que no necesariamente se tiene que probar el daño sino que basta con que haya una posibilidad de causar daño (la existencia de enlaces a contenido con Copyright, por ejemplo).

Y para rematar no debemos de olvidar que la “Ley Sinde” permite que se bloqueen dominios de aquellas páginas web que se considere que infrinjan dicha ley con lo cual se creará una “lista negra” de dominios a los cuales no se podrá acceder desde los ordenadores españoles. Por tanto se estaría creando un grave precedente al estilo de lo que ya pasa en países como China o Cuba, que limitan el acceso de sus ciudadanos a páginas web que consideran “inadecuadas” para sus ciudadanos.

En un principio el PP se opuso a la “Ley Sinde” y voto en contra de la misma en el Congreso de Los Diputados y por tanto dicha ley fue rechazada. Pero finalmente, y tras un par de cambios meramente “cosméticos” en la citada ley, ha votado a favor de la misma en el Senado y finalmente la "Ley Sinde" se ha aprobado con los votos de PSOE, PP y CIU.

De poco ha servido la oposición frontal de los internautas así como la oposición de partidos políticos como UPyD (Unión, Progreso y Democracia) a la “Ley Sinde” ya que finalmente se ha impuesto el interés de una minoría frente a los de la mayoría, eso sí, respaldados por los partidos políticos “mayoritarios”, que para estas cosas siempre se acaban poniendo de acuerdo.

Anexo (16/02/2011): En el vídeo que hay a continuación, se puede ver la intervención, ayer día 15, en el Congreso de los Diputados de Rosa Díez, Diputada y Portavoz de UPyD, razonando el porque de su voto en contra de la "Ley Sinde".

Nota: Este artículo ha sido publicado en el Nº 1.261 del semanario de Manacor, "7Setmanari" , el 18 de Febrero del 2011.