El Consell Insular

Antecedentes

Los Consells Insulares surgieron en la Transición como traducción del interés de los constituyentes por acercar una administración descentralizada al ciudadano, con atención especial en este caso a la insularidad. El precedente histórico era el Gran i General Consell del Reino de Mallorca. La Constitución de 1978 recoge los consells como entes puramente locales. Con la reforma estatutaria de 2007, sin embargo, los Consells se convierten en entes cuasi-autonómicos, a medio camino entre los municipios y las instituciones autonómicas (Parlament y Govern), lo cual fuerza al límite la Constitución: los actuales Consells han sobrepasado el carácter local que esta les otorga.

Balance

El balance que hace UPyD de este desarrollo es negativo. El actual modelo incurre sistemáticamente en duplicidades, despilfarro y falta de transparencia.

Todos los Consells, así como el Govern y los ayuntamientos más importantes, disponen -por ejemplo- de departamentos de promoción turística, superpuestos y no siempre bien coordinados. El ejemplo más sangrante de esta absurda duplicidad ha sido la existencia de una consejería insular de Turismo en Mallorca durante esta legislatura, en previsión de la transferencia por parte de la Comunidad Autónoma de unas competencias que nunca llegaron.

Esta tendencia a la duplicidad hace los Consells insostenibles. Un ejemplo es el ente audiovisual TV Mallorca: cada nivel político tiende a desear su propio chiringuito audiovisual, un servicio que en Mallorca nadie demandaba y que podría suprimirse sin perjuicio alguno al ciudadano, sino antes bien con considerable ahorro.

Ejemplos de falta de transparencia no escasean, y no es necesario remitirnos a todos los casos judiciales que aún hoy están pendientes a propósito de la gestión del Consell de Mallorca en las últimas legislaturas.

El ciudadano balear soporta hoy sobre sus espaldas -y bolsillos- entre cinco y seis administraciones: ayuntamientos, mancomunidades donde las hay, consells insulares, comunidad autónoma, administración central, Europa; todas ellas con sus presupuestos, su propia capacidad normativa y sus correspondientes procesos electorales, en un territorio muy pequeño y para una población muy reducida. Las consecuencias son un gasto intolerable y, por tanto, más impuestos; confusión legislativa e inseguridad jurídica; falta de transparencia; y, en definitiva, dificultades para el desarrollo económico. Estamos hablando de servicio al ciudadano, no de sentimientos: no podemos permitir que los sentimientos nos cuesten tan caros.

¿Qué propone UPyD?

El objetivo de UPyD en toda España es suprimir el nivel político-administrativo que existe entre las comunidades autónomas y los municipios (diputaciones, diputaciones forales, consells, veguerías). Sus actuales competencias podrían gestionarse perfectamente mediante un modelo ordenado en que coexistan sólo Comunidad Autónoma y Ayuntamientos, una vez revisada su estructura territorial y efectuada la pertinente fusión de ayuntamientos, en el marco de un nuevo plan territorial que afecte a todos los niveles institucionales. UPyD, por tanto, defiende la supresión de los Consells Insulares.

Sin embargo, esta supresión requiere una reforma constitucional. En tanto UPyD se encuentre en condiciones de proponer tal reforma, defendemos devolver los Consells a su estatus anterior a la reforma estatutaria de 2007: ente local, ayuntamiento de ayuntamientos si se quiere, pero adelgazado al máximo. En tanto se efectúa la correspondiente reforma constitucional, UPyD se compromete a adelgazar al máximo los consells y eliminar todas sus duplicidades con Govern y Ayuntamientos, de los que debe ser un mero apoyo.

UPyD como motor del debate político en Baleares

Con la crisis, algunos de dan cuenta de la insostenibilidad de nuestro actual entramado institucional y dan marcha atrás en sus anteriores posiciones. Recordemos un reciente artículo del senador Huguet (PP), uno de los principales promotores de la reforma de 2007, en el sentido de adelgazar los consells.

En UPyD consideramos que los partidos tradicionales propondrán reformas por motivos electorales pero el día siguiente a las elecciones se plegarán a las exigencias de los partidos nacionalistas, o bien deberán favores que pagar con cargos, y se olvidarán del escrúpulo racionalizador. UPyD no tiene más compromiso que el sentido común: es necesario que UPyD entre en las instituciones para que estas reformas se lleven a cabo.

La administración ha de estar al servicio de los ciudadanos y no para que se sirvan de ella los políticos. Así hemos asistido desde hace más de diez años a un engordamiento por intereses ajenos a la eficacia y eficiencia de los servicios que debería prestar el Consell de Mallorca. La ley de Consejos Insulares fue un regalo de Francesc Antich (PSOE) a Maria Antònia Munar (UM), cuya foto ilustra este artículo, durante el Primer Pacte de Progrés y las competencias que le atribuye al mismo el Estatuto de 2007 son otro regalo a Munar por parte de Jaume Matas (PP) en la pasada legislatura. Al mismo tiempo también ha ido creciendo desmesuradamente el número de empresas públicas sin que ello haya repercutido en una mejora de los servicios que debía prestar el Consell o, cuando menos, en un abaratamiento de los mismos.

Nota: Este artículo ha sido publicado en el Nº 1.271 del semanario de Manacor, "7Setmanari" , el 29 de Abril del 2011.